La globalizaci\u00f3n de las relaciones econ\u00f3micas y la creciente cooperaci\u00f3n judicial internacional han situado los procedimientos de extradici\u00f3n y la Orden Europea de Detenci\u00f3n y Entrega entre las cuestiones m\u00e1s complejas y sensibles del Derecho penal contempor\u00e1neo. Cuando una persona \u2014ya sea a t\u00edtulo individual o como directivo de una organizaci\u00f3n\u2014 es reclamada por las autoridades de otro Estado, se enfrenta a un escenario en el que confluyen ordenamientos jur\u00eddicos distintos, plazos perentorios, derechos fundamentales en juego y consecuencias que pueden afectar de forma inmediata a su libertad personal, a su reputaci\u00f3n y a la continuidad de su actividad profesional o empresarial. <\/p>\n
El procedimiento de extradici\u00f3n pasiva<\/b> se rige en Espa\u00f1a por la Ley 4\/1985, de 21 de marzo, de Extradici\u00f3n Pasiva, cuya aplicaci\u00f3n queda condicionada en cada caso por el tratado bilateral o multilateral vigente entre Espa\u00f1a y el Estado requirente. Desde el Convenio Europeo de Extradici\u00f3n de 1957 y sus Protocolos adicionales hasta los acuerdos espec\u00edficos suscritos con Estados de Iberoam\u00e9rica, Norteam\u00e9rica o Asia, el contenido de esos tratados var\u00eda sustancialmente en aspectos determinantes para la defensa del reclamado. El cat\u00e1logo de delitos extraditables, las causas de denegaci\u00f3n, las garant\u00edas exigibles al Estado requirente o las condiciones de entrega difieren de un tratado a otro, de modo que cada procedimiento extradicional exige identificar con precisi\u00f3n el instrumento aplicable y las posibilidades de oposici\u00f3n que este ofrece. A ello se a\u00f1ade la necesidad de valorar si el ordenamiento jur\u00eddico del Estado requirente ofrece garant\u00edas equivalentes a las del sistema espa\u00f1ol en materia de derechos fundamentales, en particular la prohibici\u00f3n de tratos inhumanos o degradantes, el derecho a un proceso con todas las garant\u00edas, la regla de especialidad o la prohibici\u00f3n de reextradici\u00f3n a un tercer Estado. <\/p>\n
La Orden Europea de Detenci\u00f3n y Entrega<\/b> responde a una l\u00f3gica jur\u00eddica diferente. La Decisi\u00f3n Marco 2002\/584\/JAI del Consejo, incorporada al Derecho espa\u00f1ol mediante la Ley 23\/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Uni\u00f3n Europea, instaur\u00f3 un sistema basado en el principio de reconocimiento mutuo y en la supresi\u00f3n del requisito de doble incriminaci\u00f3n para un listado tasado de delitos. El procedimiento de ejecuci\u00f3n de una Orden Europea opera con plazos m\u00e1s breves y causas de denegaci\u00f3n tasadas, lo que confiere a la defensa un marco de actuaci\u00f3n espec\u00edfico, distinto del de la extradici\u00f3n cl\u00e1sica, y en el que la argumentaci\u00f3n sobre derechos fundamentales y condiciones de cumplimiento de la pena en el Estado de emisi\u00f3n adquiere un protagonismo singular. <\/p>\n
Ambos procedimientos se sustancian ante la Audiencia Nacional, \u00f3rgano jurisdiccional competente en Espa\u00f1a. El conocimiento riguroso de la Sala de lo Penal, de sus criterios jurisprudenciales y de la pr\u00e1ctica procesal que se sigue ante ella resulta imprescindible para articular una defensa eficaz en cualquiera de estas dos v\u00edas. <\/p>\n
La defensa en un procedimiento de extradici\u00f3n pasiva o de ejecuci\u00f3n de una Orden Europea de Detenci\u00f3n y Entrega se desarrolla dentro de m\u00e1rgenes procesales estrictos. Se trata de procedimientos complejos, en los que pocas firmas en Espa\u00f1a cuentan con una especializaci\u00f3n real y sostenida. Desde el momento de la detenci\u00f3n \u2014ya sea en cumplimiento de una difusi\u00f3n Interpol o de una alerta introducida en el Sistema de Informaci\u00f3n Schengen\u2014, los plazos legales para la puesta a disposici\u00f3n judicial, la comparecencia ante el Juzgado Central de Instrucci\u00f3n y la posterior vista ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se suceden con una cadencia que exige una intervenci\u00f3n letrada inmediata y t\u00e9cnicamente precisa. Cada decisi\u00f3n adoptada en esas primeras horas y d\u00edas \u2014la solicitud de libertad provisional, la estrategia de oposici\u00f3n a la entrega, la invocaci\u00f3n de causas de denegaci\u00f3n espec\u00edficas del tratado o instrumento aplicable, o la aportaci\u00f3n de prueba sobre las condiciones del sistema penitenciario o procesal del Estado requirente\u2014 puede condicionar de forma irreversible el desenlace del procedimiento. <\/p>\n
A ello se suma la necesidad de manejar simult\u00e1neamente el ordenamiento jur\u00eddico extranjero del Estado que reclama la entrega. Conocer el tipo penal por el que se solicita la extradici\u00f3n, verificar si concurre doble incriminaci\u00f3n conforme al Derecho espa\u00f1ol, analizar la proporcionalidad de la pena prevista y, en su caso, acreditar que la entrega supondr\u00eda una vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales atendiendo a las condiciones reales de enjuiciamiento o cumplimiento de la pena en aquel Estado. La experiencia acumulada en la tramitaci\u00f3n de estos asuntos ante la Audiencia Nacional permite conocer no solo los criterios jurisprudenciales consolidados por la Sala de lo Penal, sino tambi\u00e9n las particularidades pr\u00e1cticas del procedimiento. Los tiempos reales de tramitaci\u00f3n y la din\u00e1mica procesal son aspectos que solo se dominan desde la pr\u00e1ctica directa y continuada ante este \u00f3rgano jurisdiccional. <\/p>\n
Lopezmarques cuenta con un equipo de Derecho penal con experiencia directa y sostenida ante la Audiencia Nacional en procedimientos de extradici\u00f3n pasiva y de ejecuci\u00f3n de \u00d3rdenes Europeas de Detenci\u00f3n y Entrega. La asistencia letrada se presta desde el momento de la detenci\u00f3n y abarca todas las fases del procedimiento \u2014an\u00e1lisis del instrumento aplicable, dise\u00f1o de la estrategia de oposici\u00f3n, preparaci\u00f3n de la vista ante la Sala de lo Penal e interposici\u00f3n de recursos, incluido el amparo constitucional\u2014, as\u00ed como la coordinaci\u00f3n directa con los despachos que asumen la defensa en el procedimiento penal del que dimana la solicitud de extradici\u00f3n activa o la Orden Europea, de modo que ambas estrategias respondan a una misma l\u00f3gica procesal. En todo momento, el cliente conoce el estado de su asunto, los escenarios posibles y las opciones de defensa disponibles. <\/p>\n