DERECHO PENAL ECONÓMICO
Lopezmarques cuenta con un área de Derecho Penal Económico orientada a la intervención letrada en asuntos de especial complejidad y trascendencia, en los que se dirimen responsabilidades personales y corporativas. Cuando decisiones de gestión, operaciones societarias o estrategias de negocio derivan en la apertura de un procedimiento penal, las consecuencias pueden afectar de forma inmediata a administradores, directivos y socios, a la reputación de la organización y a la continuidad de su actividad. Se trata de un ámbito que, por su exigencia técnica y procesal, solo asumen con solvencia contadas firmas en España en procedimientos de máxima complejidad y exposición.
La práctica se apoya en un equipo de primer nivel, con décadas de experiencia acumulada en procedimientos penales vinculados al ámbito empresarial y de los negocios, y con una perspectiva especialmente sólida derivada de una extensa trayectoria judicial, además de la intervención letrada tanto en calidad de acusación particular como de defensa en diferentes procedimientos. Esa doble experiencia —desde la posición de parte y desde el conocimiento directo del funcionamiento interno de los órganos jurisdiccionales— aporta una comprensión del procedimiento penal que resulta difícilmente replicable.
DONDE CONVERGEN EL RIESGO PENAL Y LA REALIDAD EMPRESARIAL
El trabajo del área se caracteriza por el rigor técnico y el enfoque estratégico, unidos al constante seguimiento procesal de las diferentes fases del procedimiento —instrucción, fase intermedia, juicio oral y ejecución— y a la debida discreción propia de las causas. Cada asunto exige analizar estructuras societarias, flujos financieros, operaciones mercantiles y documentación contable con el mismo rigor con el que se construye la tesis jurídica, anticipando en cada momento los escenarios posibles y sus implicaciones para el cliente. El equipo ha asumido y asume la dirección letrada en procedimientos seguidos ante órganos judiciales de todo el territorio nacional, en todas las instancias, con una acreditada experiencia en la conducción de litigios penales económicos de alta complejidad.
Esta área aborda también cuestiones que van más allá del Derecho procesal penal, como la orientación preventiva y de cumplimiento, o el acompañamiento en las decisiones corporativas que por su naturaleza pudieran exigir anticipación de escenarios de riesgo. Muchos de los asuntos más relevantes en este ámbito no comienzan en un juzgado, sino en una decisión empresarial que requiere identificar el riesgo penal antes de que cristalice en un procedimiento. La capacidad de acompañar al cliente en la adopción de decisiones informadas forma parte esencial de la intervención del despacho.
UN EQUIPO FORJADO EN LA PRÁCTICA JURISDICCIONAL
Una seña de identidad del despacho es la coordinación efectiva entre los equipos de Derecho Mercantil, tanto en su vertiente corporativa como procesal, y Derecho Penal, lo que permite abordar cada asunto con comprensión integral de la realidad societaria y operativa del cliente. Las decisiones adoptadas en el orden penal repercuten en la esfera societaria, y las actuaciones en el ámbito mercantil condicionan la posición procesal penal. Afrontar el procedimiento sin esa visión conjunta supone una comprensión incompleta del conflicto. El área asume la dirección letrada en procedimientos relativos, entre otros, a delitos societarios, administración desleal, apropiación indebida, estafas y fraudes complejos, corrupción en los negocios, insolvencias punibles, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, así como cualesquiera supuestos en los que una empresa, sus administradores, directivos o socios puedan verse afectados.
La práctica está liderada por Luis Martínez de Salinas, miembro de la carrera judicial desde 1983, cuya trayectoria destaca por haber sido Magistrado titular de diferentes Juzgados de Instrucción y por haber integrado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional durante más de una década (1997–2007). Fue ponente en el Caso Botín (2005) y ha participado como experto de la Unión Europea en cooperación judicial y lucha contra el blanqueo de capitales.
