Nuestra firma cuenta con un área de Derecho Penal Económico orientada a la intervención letrada de asuntos de especial complejidad y trascendencia, en los que se dirimen responsabilidades personales y corporativas. Se trata de un ámbito que, por su exigencia técnica y procesal, sólo asumen con solvencia contadas firmas en España en procedimientos de máxima complejidad y exposición.
La práctica se apoya en un equipo de primer nivel, con décadas de experiencia acumulada en procedimientos penales vinculados al ámbito empresarial y de los negocios, y con una perspectiva especialmente sólida derivada de una extensa trayectoria judicial, además de la intervención letrada tanto en calidad de acusación particular como defensa en diferentes procedimientos.
El trabajo del área de caracteriza por el rigor técnico y el enfoque estratégico, unidos al constante seguimiento procesal de las diferentes fases del procedimiento y a la debida discreción propia de las causas. El equipo ha asumido y asume la dirección letrada en procedimientos seguidos ante Órganos Judiciales de todo el territorio nacional, en todas las instancias, con una acreditada experiencia en la conducción de litigios penales económicos de alta complejidad.
Esta área aborda también cuestiones que van más allá del derecho procesal penal, como es la orientación preventiva y de cumplimiento, o el acompañamiento en las decisiones corporativas que por su naturaleza pudieran exigir anticipación de escenarios de riesgo.
Una seña de identidad del despacho es la coordinación efectiva entre los equipos de Derecho Mercantil, tanto en su vertiente corporativa y procesal, y Derecho Penal, lo que permite abordar cada asunto con comprensión integral de la realidad societaria y operativa del cliente. El área asume la dirección letrada en procedimientos relativos, entre otros, a delitos societarios, administración desleal, apropiación indebida, estafas y fraudes complejos, corrupción en los negocios, insolvencias punibles, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, así como cualesquiera supuestos en los que una empresa, sus administradores, directivos o socios puedan verse afectados.
La práctica está liderada por Luis Martínez de Salinas, miembro de la carrera judicial desde 1983, cuya trayectoria destaca por haber sido Magistrado titular de diferentes Juzgados de Instrucción, llegando a integrar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional durante más de una década (1997-2007). Fue ponente en el Caso Botín (2005) y ha participado como experto de la Unión Europea en cooperación judicial y lucha contra el blanqueo.
