RESPONSABILIDAD DE CONSEJEROS Y ADMINISTRADORES
El ejercicio de las funciones de Consejero o Administrador de una sociedad conlleva una exposición jurídica creciente, que se intensifica de forma significativa en el caso de las sociedades cotizadas en mercados españoles (IBEX 35, mercado continuo, BME Growth) e internacionales, donde la supervisión de los organismos reguladores y supervisores sectoriales —tanto nacionales como internacionales— añade una capa adicional de complejidad a la responsabilidad de los administradores. Las obligaciones de información periódica y relevante, los requisitos de idoneidad y honorabilidad, los regímenes sancionadores administrativos, las exigencias de cumplimiento normativo y las políticas de prevención de blanqueo de capitales configuran un marco en el que cualquier decisión de gestión puede ser objeto de escrutinio simultáneo desde múltiples ámbitos —societario, administrativo-sancionador e incluso penal—, lo que eleva significativamente el estándar de diligencia y transparencia exigible al órgano de administración.
Las decisiones de gestión, la interacción con accionistas, inversores institucionales, terceros y organismos supervisores y reguladores y, en su caso, los escenarios de crisis financiera pueden derivar en el ejercicio de acciones de responsabilidad contra el órgano de administración o contra sus miembros a título individual. En ese contexto, la anticipación del riesgo y la correcta documentación del proceso decisorio resultan tan determinantes como la propia defensa contenciosa cuando el conflicto se materializa.
DONDE LA GESTIÓN SOCIETARIA SE CONVIERTE EN EXPOSICIÓN PERSONAL
La responsabilidad de los Consejeros y Administradores se proyecta sobre dos planos fundamentales que exigen un tratamiento jurídico diferenciado y, al mismo tiempo, coordinado.
En el ámbito societario, la Ley de Sociedades de Capital impone deberes de diligencia y lealtad cuya infracción puede dar lugar a acciones sociales e individuales de responsabilidad, así como a reclamaciones de socios o terceros. La revisión del modelo de gobierno corporativo, el análisis de los deberes del administrador, la gestión de conflictos de interés, la correcta articulación de delegaciones, comisiones y protocolos internos de toma de decisiones y la documentación y trazabilidad del proceso decisorio constituyen elementos esenciales para garantizar una actuación diligente y acreditable. La preparación de acuerdos y medidas orientadas a reducir la exposición personal del administrador en juntas y consejos, así como el diseño de estrategias preventivas frente a potenciales acciones de responsabilidad, forman parte del núcleo de la intervención en esta materia.
En el ámbito concursal, cuando la sociedad se encuentra en situación de insolvencia o próxima a ella, la actuación de los Consejeros y Administradores se examina bajo un estándar especialmente riguroso. La pieza de calificación constituye el momento procesal en el que se dirime si la insolvencia fue fortuita o culpable y, en este último caso, las consecuencias patrimoniales y personales para los administradores pueden ser de extraordinaria gravedad. La identificación temprana de factores de riesgo en el escenario preconcursal, la planificación de actuaciones con enfoque defensivo, la construcción del relato y la preparación del soporte documental que acredite la diligencia del administrador, la interlocución con la administración concursal y la coordinación con equipos económico-financieros resultan determinantes para la defensa eficaz del órgano de administración en este contexto.
PROTECCIÓN INTEGRAL FRENTE A LOS RIESGOS DEL CARGO
Lopezmarques cuenta con un equipo especializado en la prevención, gestión y defensa de Consejeros y Administradores frente a los riesgos inherentes al ejercicio del cargo. La intervención combina una dimensión preventiva —orientada a minimizar la exposición y a ordenar la toma de decisiones desde el funcionamiento ordinario de la sociedad— con una defensa contenciosa sólida cuando el conflicto resulta inevitable, abarcando la dirección letrada, la estrategia procesal y la negociación en procedimientos judiciales derivados de acciones de responsabilidad.
La actuación se adapta a cada fase en la que pueda encontrarse la sociedad o el administrador, desde el funcionamiento ordinario y la preparación de juntas y consejos hasta los escenarios de deterioro financiero, preconcurso, concurso y calificación, incluyendo la defensa técnica integral en la pieza de calificación —presentación de escritos, propuesta y práctica de prueba, asistencia en vista oral y defensa frente a pretensiones de calificación culpable— y la negociación y gestión de contingencias vinculadas a responsabilidades derivadas del concurso. El equipo actúa tanto para Consejeros y Administradores como para las propias compañías, adaptando la estrategia al interés concreto del cliente en cada supuesto.
